El mensaje, que comienza con la frase "De JGM nos imponen ciertas directivas", detalla los pasos a seguir en relación con la reducción de personal. En primer lugar, establece que los despidos se llevarán a cabo el martes siguiente, el 26 de marzo. Recomienda verbalmente comunicarles a los empleados que sus contratos no serán renovados, ofreciéndoles la posibilidad de retirarse y de no asistir al día siguiente. Se indica que ese día sería el último trabajado para ellos, seguido de los feriados de Semana Santa hasta el comienzo de abril. Además, se informa a los funcionarios a cargo que los despidos no serán oficializados mediante notificación formal de Recursos Humanos.

El instructivo incluye secciones para cada forma de contratación precaria en el Estado. Los empleados encuadrados en el "artículo 9" serán los más afectados, ya que sus contratos suelen actualizarse de forma anual y automática. Aunque estos contratos fueron revalidados en diciembre por solo tres meses, que vencen la semana siguiente. A pesar de que se considera que estos casos tienen una prestación de servicios de carácter transitorio o estacional, en la práctica son puestos necesarios bajo un régimen de empleo endeble.

Según los datos de ATE, hasta 70.000 empleados se encuentran bajo ese régimen y brindan servicios ante la Administración Pública Nacional, sobre la cual Javier Milei tiene control. Si bien en entrevistas anteriores se jactó de haber "echado a 50.000 empleados públicos", lo cierto es que esto aún no ha ocurrido. El gremio está en alerta ante esta situación.