Los ajustes forman parte de la estrategia del gobierno del presidente Javier Milei de poner fin a la política de subsidios a la oferta (en este caso, la generación e importación de gas) y enfocarlos en la demanda de los sectores socialmente más vulnerables, a fin de acoplar las tarifas con los costos de explotación de las empresas prestadoras de los servicios de energía (gas y electricidad) y transporte de pasajeros (colectivos y trenes).

En la primera etapa, de febrero a abril, se procederá al recorte gradual de los subsidios al componente del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), a razón de un tercio por cada mes.

Al respecto, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, manifestó en su exposición en la audiencia pública del 8 de enero que los usuarios pagan sólo el 17,5% del costo del gas, y que "el 82,5% restante lo pagan injustamente todos los argentinos, tengan o no suministro".

Pero el costo de generación (o importación) del gas es sólo uno de los cuatro componentes de la tarifa final, en un conjunto en el que también entran en consideración los costos de transporte (a cargo de TGN y TGS) y los márgenes de distribución, además de la carga tributaria que representan los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales.

Esos factores y otros más serán objeto de análisis y discusión en una segunda audiencia pública que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocará para mediados de marzo, como paso previo para definir los ajustes de la segunda etapa que comenzará en abril.

Para entonces, ya definida la etapa del recorte de subsidios, corresponderá establecer el nuevo esquema tarifario con la suma de otros tres ítems: el traslado al precio final de los costos de transporte, el de los márgenes de distribución y, además, la implementación de un índice de ajuste mensual, tal como se había establecido en el punto 4 de la convocatoria a la primera audiencia.

Si bien no se dieron precisiones sobre cómo se instrumentará ese mecanismo de actualización, todas las distribuidoras y transportadoras coincidieron en elegir el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Pero en la segunda audiencia también deberá someterse a discusión el cambio en los criterios de segmentación: tal como adelantó Rodríguez Chirillo, se dejará de utilizar el equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) y se adoptará en su lugar una Canasta Básica Energética, que indicará los umbrales de consumo del grupo familiar que represente el usuario en cada región del país.

"Queremos asegurar el suministro energético para que la energía se convierta en el motor indispensable del crecimiento sostenido de la economía y la mejora del bienestar de la sociedad. Así, estamos convencidos de que contribuiremos al consumo eficiente de la energía y a la recuperación del sector", sostuvo Rodríguez Chirillo en la fundamentación del cambio de canasta.

Por todo lo señalado, el servicio de gas natural por red es el que presenta más complicaciones para definir un valor promedio, mucho más si se tiene en cuenta la existencia de diez distribuidoras y una subdistribuidora, a su vez dividas en 15 subzonas, con ocho categorías de usuarios residenciales y tres niveles de segmentación según el poder adquisitivo de los usuarios.

Asimismo, la participación porcentual de cada uno de los cuatro componentes tarifarios no es la misma en cada distribuidora, y hasta puede presentar variaciones dentro de una misma compañía por los diferentes cargos tributarios.

A su vez, deben tenerse en cuenta factores estacionales que inciden en la proporción del componente subsidiado de la tarifa, como la variación de los precios del gas local, el proveniente de Bolivia y el GNL regasificado.

Ese aspecto es determinante para decidir la reducción gradual de los subsidios en la primera etapa que comenzará en febrero: en la actualidad se paga 0,7 dólar por el millón de BTU, pero el costo es de US$ 4,1, lo que implica que entre febrero y abril lo que el usuario pagará por el componente PIST tendría que aumentar un 485,7%, aunque el porcentaje puede variar por tratarse de un promedio.

Pero como el precio del gas importado es más caro, en la medida que no se completen las obras para alcanzar el autoabastecimiento el incremento también debería ser mayor.

Por último, el artículo 318 del proyecto de ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" faculta al Poder Ejecutivo a "modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios", que podría implicar cambios en el régimen de Zonas Frías o directamente su supresión, con el consecuente impacto en las tarifas de las regiones afectadas.