Así lo expresaron el fiscal general Gonzalo Miranda y el auxiliar fiscal Juan Martin Nogueira, que el lunes tuvieron a su cargo el alegato en el marco del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata sigue al múltiple genocida Miguel Etchecolatz por el secuestro y torturas de 7 personas y el asesinato de 4 de ellas, en el excentro clandestino conocido como Pozo de Arana.

Los integrantes de la Unidad Fiscal Federal para causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado de La Plata destacaron la importancia de poner en marcha medidas reparatorias para los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad, junto con el dictado de sentencias condenatorias para los genocidas autores de esos delitos.

Así lo expresaron a Télam el fiscal general Gonzalo Miranda y el auxiliar fiscal Juan Martin Nogueira, que el lunes último tuvieron a su cargo el alegato en el marco del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata sigue al múltiple genocida Miguel Etchecolatz y el exjefe policial Julio César Garachico, por el secuestro y torturas de 7 personas y el asesinato de 4 de ellas, en el excentro clandestino conocido como Pozo de Arana.

Junto al pedido de prisión perpetua para ambos represores, los fiscales solicitaron una serie de medidas que consideran necesarias por su carácter reparatorio, en especial para los familiares de las víctimas y para la sociedad toda.

"Las medidas están sustentadas en una consolidada jurisprudencia interamericana, donde se establece que la reparación integra la obligación de garantía a la que se someten los estados, junto con la prevención, investigación y sanción de estos delitos", explicó Nogueira.

Destacó que en ese sentido dichas medidas "son un complemento indispensable e insoslayable de cualquier decisión judicial sobre estos temas, siendo la manera por la cual la Justicia puede generar soluciones concretas frente a los efectos y graves consecuencias de estos crímenes, que muchas veces no encuentran una debida solución desde el derecho penal puro y duro".

"Es por esto que en el alegato hemos hablado de la necesidad de mirarse en el espejo de una justicia transicional, nacida precisamente para dar solución y respuesta al andamiaje social y político devastado por los regímenes opresivos", apuntó y dijo que "en cierta medida, ese es el camino que estamos transitando todavía, a pesar del tiempo transcurrido".

El fiscal general Gonzalo Miranda contó a esta agencia que a lo largo de este juicio ha quedado evidenciado "el daño en las personas que han padecido directamente los hechos y también en sus familiares que han tenido que coexistir con este drama, con ese vacío dejado por la desaparición, debiendo reformular su proyecto de vida"

Recordó el caso de Víctor López Muntaner y la discriminación que sufrió por ser familiar de desaparecidos o el de Elena, la hija de Norberto Rodas, que debió dejar sus estudios secundarios para buscar trabajo tras la desaparición de su padre.

"Las medidas reparatorias solicitadas buscan una reparación individual y colectiva, vinculada en este caso a la memoria, el reconocimiento público y señalamiento de lugares", destacó,

Miranda explicó que "el testimonio de Jorge Julio López permitió ver las connotaciones que tuvo la zona de Arana para el funcionamiento del plan represivo, una zona que, como pudimos desarrollar en el alegato, tuvo distintos lugares, todos cercanos entre sí, donde funcionaron centros clandestinos. Y esto fue muy elocuente con la inspección ocular que hicimos sobre la zona en diciembre".

"De ahí la necesidad de avanzar en espacios de memoria y señalamientos sobre esos lugares, en especial sobre el Destacamento de Arana y sobre la estancia la Armonía donde hoy funciona el Regimiento 7, tal como solicitamos en las medidas de reparación en nuestro alegato" afirmó y dijo que "entendemos que eso satisface el interés de las víctimas, pero también de la sociedad".

Miranda remarcó que en el caso del predio donde hoy funciona el Regimiento 7 se solicitó, además, que "se ordene la realización de tareas de exploración pertinentes en la zona", a fin de determinar la posible existencia de fosas comunes de cadáveres.

"El juicio permitió ver como avanzó el genocidio en nuestro país, con una política de persecución contra distintos grupos de la población", expresó y sostuvo que "en nuestro caso destacamos la persecución sobre las personas que realizaban tareas sociales y comunitarias desde la Unidad Básica Juan Pablo Maestre en Los Hornos, como asimismo sobre grupos de estudiantes en un caso -el de Francisco López Muntaner- que se integra al emblemático caso de la noche de los lápices".

Asimismo, puntualizó que "teniendo esta proyección la fiscalía solicitó medidas de satisfacción para las víctimas vinculadas a la instalación de un monumento y señalamiento, como asimismo el envío de copias pertinentes al colegio Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, al que asistían las víctimas Patricia Dell Orto y Francisco López Muntaner".

El auxiliar fiscal Nogueira remarcó que "estas medidas de reparación encuentran su debida orientación y sentido, en una practicidad que las pone al servicio de todas las víctimas, acercando a la Justicia con las necesidades de aquellas".