Según María Virginia Gallardo, una trabajadora del Parque Nacional Lanín (PNL), los despidos no están relacionados con problemas presupuestarios, sino con una nueva orientación en la gestión que pone en riesgo los recursos naturales y culturales. Este hecho afecta a más de la mitad de los empleados del organismo, distribuidos en 55 áreas protegidas.

Los despidos se llevaron a cabo de manera abrupta, con notificaciones enviadas por correo electrónico una vez que los trabajadores abandonaron sus lugares de trabajo. Gallardo señaló que, a pesar de las protestas previas, los despidos afectaron a compañeros con décadas de antigüedad y responsabilidades profesionales importantes.

Aunque desde el Gobierno se afirma que se trata de despidos selectivos de "ñoquis y militantes", Gallardo argumenta que no se evaluaron correctamente los contratos y que los trabajadores afectados cuentan con evaluaciones positivas de desempeño. Además, resalta el compromiso de los trabajadores con la conservación ambiental, y critica la falta de una política de conservación en el nuevo directorio de Parques Nacionales.

Este episodio pone en evidencia las tensiones entre la conservación ambiental y las políticas de reducción de personal en el contexto de cambios en la administración pública. Los trabajadores despedidos y sus defensores enfatizan la importancia de proteger los bienes comunes ambientales y critican las medidas que ponen en riesgo esta misión fundamental.